El Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León considera que la cacera de San Lorenzo forma parte del paraje pintoresco de la ciudad de Segovia que fue declarado Bien de Interés Cultural por el decreto de 11 de abril de 1947, en el que se incluye el conjunto de huertas y alamedas que contribuyen al realce de su paisaje monumental, en donde el funcionamiento y uso de la cacera resulta intangible a los valores que motivaron aquella declaración y su extinción supondría un riesgo para el mantenimiento de los mismos.
Esta es la conclusión que se desprende del informe emitido hace sólo unos días por el citado servicio autonómico, a instancia del despacho de abogados encargados de la defensa jurídica de la Comunidad de Regantes del barrio.
En dicho escrito se hace constar al mismo tiempo, que no se considera necesaria la declaración individualizada de la acequia como BIC para que ésta pueda gozar de todos los niveles de protección garantizados en la legislación vigente que ha venido a desarrollar normativamente el mandato contenido en el artículo 46 de la Constitución, en cuya redacción se dispone, que los poderes públicos garantizarán la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
El informe, al que ha tenido acceso esta redacción, hace un recorrido por las disposiciones normativas que desde el decreto del 11 de abril de 1947 por el que se declaraba Paraje Pintoresco el conjunto de Arbolados y Alamedas de la Ciudad de Segovia se han ocupado de preservar los valores específicos de estos espacios singulares.
Así, se pone de manifiesto que la conclusión final a la que hay que llegar es que "habiéndose declarado el paraje pintoresco conforme a la normativa vigente del momento y no habiéndose producido su actualización, el régimen jurídico de aplicación al paraje pintoresco del conjunto de arbolados y alamedas es el establecido en las disposiciones de su creación".
Por ello, y en concordancia con la ley de Patrimonio Histórico y de la de Patrimonio Cultural se considera este paraje como Bien de Interés Cultural, por lo que la cacera se incluye en este ámbito y forma parte de un bien declarado de interés cultural, por lo que está sometido al régimen de máxima protección, conservación y tutela.
Por otra parte, los abogados de la comunidad de regantes están estudiando la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero del año 2010, que vino a declarar extinguidos los derechos de riego de que venían disfrutando pacíficamente las 26 huertas integradas en dicha Comunidad, por si resultara que aquella disposición mantenida en el tiempo con la imposición de sanciones a los regantes, pudiera haber incurrido, presuntamente, en un posible delito de prevaricación continuada, al dictarse a sabiendas, un acto a todas luces injusto, puesto que eran falsos los supuestos de hechos previstos en la Ley de Aguas para que hubiera procedido la extinción de aquellos derechos.
Protección efectiva
Según el despacho de abogados, si se analiza el contenido de aquel acto, se observa que la extinción se fundamentaba en que el citado aprovechamiento del río Eresma "se encuentra abandonado y en desuso" y "que los terrenos de huertas del barrio de San Lorenzo se encuentran edificados con el consiguiente abandono del riego".
Así, consideran que este extremo no sólo no es cierto, sino que las huertas estaban declaradas en aquellos momentos especialmente protegidas, como lo están ahora, por la normativa urbanística del Ayuntamiento de Segovia.
El motivo de la presunta prevaricación vendría dado en que la Confederación no podría argumentar el desconocimiento de estos hechos, puesto que en la propia resolución extintiva se hace alusión expresa a un informe negativo emitido con fecha 17 de septiembre de 2009 por la Junta de Castilla y León, en el que se advertía de esta falsedad.
En dicho escrito, firmado por un técnico del Servicio Territorial de Agricultura de Segovia y al que han tenido acceso recientemente los abogados, se venía a decir textualmente: "Que el aprovechamiento de agua para riego ha sido continuado y sin interrupción, al menos en los últimos 17 años en que llevó en este puesto de trabajo".
Ante esta argumentación, los asesores jurídicos de la Comunidad de Regantes entienden que lo correcto es que antes de producirse la declaración de extinción de los derechos, debidamente inscritos, por otra parte, en el Registro de la Propiedad, los órganos correspondientes de la Confederación deberían haber comprobado la realidad física y jurídica de la cacera, recabando los pertinentes informes ante el Ayuntamiento de Segovia, en donde se podría haber comprobado la falsedad de los hechos que servían de base a la resolución.
Esta falta de rigor procedimental habría tenido como consecuencia la producción consciente de un acto administrativo injusto, presuntamente constitutivo de delito y consecuentemente nulo de pleno derecho, lo que debiera obligar a la Confederación a proceder a la revisión de oficio del mismo; máxime, si además se tiene en cuenta que dicho acto estaría fundamentado a su vez, en otro posible hecho delictivo, como es el de la presunta falsedad en documento público.
Si a la vista de todo ello la Confederación decidiera no rectificar su resolución del año 2010, entienden los abogados de los regantes que es cuando podría deducirse la presunta comisión continuada del delito de prevaricación.
A la espera de un cambio de rumbo
Los avatares políticos y jurídicos para preservar la cacera de San Lorenzo se han visto acelerados en las últimas semanas, todos ellos con el denominador común de que esta acequia sea declarada Bien de Interés Cultural, tal y como solicitó hace tres años el Ayuntamiento a la Consejería de Cultura y Turismo.
A finales de marzo de 2018 el grupo socialista en las Cortes de Castilla y León, a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el entonces procurador José Luis Aceves y la también hoy procuradora Ana Agudíez, instaba "con la mayor urgencia posible" a incoar y tramitar el expediente administrativo necesario para esa declaración como BIC.
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes aprobó la PNL en diciembre de ese mismo año por asentimiento pero con una modificación que introdujo el ponente, Aceves, tras la intervención del procurador del PP por Segovia, José María Bravo Gozalo, quien advirtió que el Ayuntamiento ya había hecho formalmente esa petición, y que la Junta había comenzado el expediente pero estaba a la espera de un estudio arqueológico para proseguir, y recalcando que no se trataba de una decisión política sino de una valoración técnica.
Ya en esta nueva legislatura, los procuradores socialistas por la provincia formularon dos preguntas para conocer en qué situación se encontraba la tramitación del expediente y los plazos previstos para la declaración del BIC.
El propio consejero de Cultura, Javier Ortega, ha respondido por escrito que cuando el Ayuntamiento presentó la solicitud se inició un periodo de información previa que ha llevado a que la Consejería no tenga previsto incoar "por el momento" ese procedimiento.
Ortega considera que el valor de la cacera en este momento "es conceptual" y está basado "en la única referencia histórica conocida sobre ella". Por último insta al consistorio segoviano a plantear una protección en el ámbito de la normativa urbanística.
Desde el Ayuntamiento, se considera que esa protección urbanística ya existe, a través del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) pero añade que el gobierno municipal sostiene que el objeto de la solicitud realizada en su día no es ya solo la infraestructuras hidráulica en sí, sino también el contexto etnográfico que deriva del uso del agua en las huertas de San Lorenzo.
La esperanza de los responsables municipales para que esta acequia de San Lorenzo sea declarada BIC se encuentra en la nueva Ley de Patrimonio Histórico ahora en tramitación que la Junta espera aprobar inicialmente este verano.
Fuente: El Adelantado de Segovia